La Audiencia Nacional española ha reactivado los mecanismos judiciales para conseguir la captura de un histórico miembro de la organización terrorista ETA ubicado en Venezuela.
El magistrado Santiago Pedraz admitió a trámite una querella presentada por el colectivo de víctimas Dignidad y Justicia, la cual exige la inmediata detención y extradición del ciudadano Luis María Olalde Quintela, conocido con el alias de 'Txistu'.
El procesado fue localizado recientemente tras quedar atrapado de forma involuntaria por un desastre natural en la capital de Venezuela, país donde residía desde finales de la década de los 70 para evadir la acción de los tribunales españoles.
La reclamación judicial se fundamenta en la presunta participación activa de Olalde Quintela en una acción armada ejecutada en el año 1978. Durante dicho atentado en territorio español, resultaron asesinados tres agentes pertenecientes al cuerpo de la Guardia Civil.
Con el propósito de esclarecer su responsabilidad penal en estos asesinatos, el colectivo de víctimas demandó la emisión formal de un dictamen judicial internacional. El objetivo de la solicitud es activar la búsqueda, ubicación geográfica, arresto preventivo y traslado final de 'Txistu' ante las autoridades jurisdiccionales de España.
El hallazgo del sospechoso ocurrió el pasado 25 de junio en Caracas, un día después de los terremotos que afectaron varias zonas de la capital venezolana y provocaron daños severos en infraestructuras residenciales.
Las brigadas de socorro recuperaron con vida a Luis María Olalde de entre las ruinas del edificio multifamiliar en el que habitaba dentro del barrio caraqueño de San Bernardino. El operativo civil de emergencia cobró notoriedad pública tras confirmarse la muerte de su cónyuge, Alazne Solabarrieta, mujer de origen vasco e hija del histórico exalcalde republicano de Ondarroa.
En el plano legal, las posturas de las partes involucradas mantienen un conflicto técnico vigente sobre la vigencia temporal de las acusaciones criminales. El equipo jurídico encargado de la defensa de Olalde Quintela solicitó formalmente a los tribunales españoles el archivo del expediente mediante la prescripción técnica de los delitos imputados.
Sin embargo, los órganos judiciales de la Audiencia Nacional de España desestimaron de plano las justificaciones de los defensores del procesado.
El contexto del asilo de etarras en Sudamérica responde a una dinámica histórica de fuga iniciada tras la transición democrática en España. Decenas de militantes de la banda terrorista buscaron refugio en países de América Latina para escapar de los juicios, consolidando comunidades discretas que hoy vuelven a estar bajo el foco debido a imprevistos o catástrofes naturales.
El caso de Olalde Quintela ejemplifica cómo estos antiguos expedientes permanecen abiertos a pesar del paso de las décadas.
Específicamente, el magistrado Francisco de Jorge dictó un auto de manera coincidente el mismo 25 de junio, rechazando las alegaciones de extinción penal presentadas por la defensa y ordenando mantener plenamente activa la orden de busca y captura internacional.
Asimismo, el juez Santiago Pedraz aceptó la personación de Dignidad y Justicia en calidad de acusación popular, consolidando la ofensiva penal para juzgar a 'Txistu'.
Con información de DW
