A seis días de los terremotos ocurridos en Venezuela, el pasado 24 de junio, la cifra de personas fallecidas asciende a 1.700, según el balance de medios locales, mientras que las operaciones de salvamento y rescate de personas han entrado en una fase crítica, tras las diversas restricciones operativas impuestas por el Gobierno de Venezuela, para brigadistas y trabajadores de la prensa en las zonas más golpeadas y con más estructuras colapsadas.
Corresponsales de la cadena Al Yasira señalaron que las autoridades exigen registros obligatorios y acreditaciones especiales con el fin de controlar la difusión del alcance real de los daños materiales.
Por su parte, se han registrado incidentes entre altos funcionarios del Estado y equipos de emergencia extranjeros, como la ocurrida en La Guaira entre el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, quien protagonizó un altercado con un bombero estadounidense al ordenarle retirarse de un área de derrumbe, bajo el argumento de que la presencia de personal local era suficiente, lo que ha despertado suspicacia entre la población.
Previo a este suceso, los habitantes del sector manifestaron su frustración tras constatar que la maquinaria pesada exhibida por los canales oficiales del Estado no fue desplegada para la remoción efectiva de los escombros.
Los incidentes entre altos funcionarios del Estado y los equipos de emergencia extranjeros evidencian la falta de coordinación en las zonas de desastre.
En La Guaira, el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello, protagonizó un altercado con un bombero estadounidense al ordenarle retirarse de un área de derrumbe bajo el argumento de que la presencia de personal local era suficiente.
Previo a este suceso, los habitantes del sector manifestaron su frustración tras constatar que la maquinaria pesada exhibida por los canales oficiales del Estado no fue desplegada para la remoción efectiva de los escombros.
Asimismo, las decisiones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, incrementaron el malestar de los rescatistas provenientes de 17 naciones. Los equipos técnicos criticaron la convocatoria a una rueda de prensa obligatoria en Caracas que interrumpió las labores de salvamento por más de seis horas.
Esta acción oficial coincide con el rechazo manifestado por los residentes del municipio Chacao, específicamente en las urbanizaciones Los Palos Grandes y Altamira, donde los ciudadanos abuchearon a las comitivas gubernamentales durante sus visitas de inspección.
Las agrupaciones de voluntarios venezolanos señalan que los obstáculos no se limitan a los centros urbanos, sino que se extienden a las principales vías de comunicación del país.
Según las denuncias, los cuerpos de seguridad del Estado han instalado puntos de control y barreras de hormigón que impiden el libre tránsito de vehículos cargados con agua y alimentos hacia los sectores vulnerables.
Los altercados entre motorizados de carga y agentes de la Guardia Nacional Bolivariana han aumentado debido a la retención de los insumos médicos y de primera necesidad recopilados por la sociedad civil.
Por otra parte, los residentes del litoral central reportaron retrasos significativos en el despliegue de las Fuerzas Armadas para tareas de rescate. En zonas específicas de desastre, los vecinos denunciaron desvalijamientos y malas prácticas por parte de algunos uniformados, lo que derivó en confrontaciones directas documentadas en plataformas digitales.
Ante la magnitud de la crisis, el Ejecutivo Nacional decretó la suspensión de las actividades escolares en todo el territorio hasta el 5 de julio. Delcy Rodríguez anunció la creación de una comisión técnica encargada de evaluar las condiciones de las viviendas afectadas por el doble terremoto.
Este plan contempla el uso de un sistema de semáforo (verde, amarillo y rojo) para catalogar de forma rápida el nivel de riesgo de cada inmueble y determinar si es apto para el retorno seguro de los residentes.
El balance de los servicios básicos indica una restitución parcial de la electricidad y el suministro de agua potable de entre el 70% y el 80% en el litoral de La Guaira.
Sin embargo, las autoridades todavía no han presentado un cronograma oficial para el restablecimiento completo del servicio de gas directo en el área metropolitana de Caracas, mientras avanzan los proyectos para la habilitación de campamentos provisionales de refugio.
Con información de ABC
