Caso Begoña Gómez: juicio con jurado popular y choque con Moncloa

El Palacio de la Moncloa ha reaccionado con dureza ante la nueva providencia dictada por el Juzgado. El magistrado Juan Carlos Peinado ha ordenado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su asesora Cristina Álvarez, acudir este miércoles 24 de junio a las 18:00 horas para formalizar la retirada de sus pasaportes, tras la decisión del instructor de enviar la causa a un tribunal de jurado popular. 

Por su parte, desde Moncloa consideran que esta resolución supone un paso más en una campaña de persecución judicial y demuestra que la actuación del instructor carece de "límites", según recoge EFE.

La acusación de intencionalidad política

El principal foco de malestar en las filas del Ejecutivo radica en el calendario fijado por el juzgado madrileño. La citación para la entrega de la documentación coincide de forma directa con la comparecencia programada de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso de los Diputados, donde informará sobre la situación política del país. 

Representantes del partido del Gobierno han expresado públicamente que la elección del día y la hora no responde a criterios casuales.

La portavoz parlamentaria Montse Mínguez manifestó en plataformas digitales que el sector socialista "no pecará de ingenuo" ante tal coincidencia, mientras que el ministro de Transportes, Óscar Puente, sugirió que la resolución judicial busca alimentar el debate de la oposición en las sesiones de control.

Fundamentos y polémica de las cautelares

La orden de entrega del documento oficial se ejecuta días después de que el instructor acordara enviar la causa a un tribunal de jurado popular.

Nuevos cargos contra Begoña Gómez por prevaricación y fraude a la UE

Como garantías adicionales de retención, sugeridas por las acusaciones populares ligadas a la organización Hazte Oír, el juez Peinado decretó también la prohibición de abandonar el territorio nacional y la presentación obligatoria en sede judicial cada 15 días.

El argumento del magistrado sobre un posible riesgo de fuga facilitado por el propio cuerpo de escoltas policiales de Gómez ha sido el punto más controvertido del auto.

Esta afirmación motivó una queja enérgica del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya comisión permanente analiza la apertura de un expediente disciplinario al juez instructor.

Tipificación de los cargos y obligaciones

El trámite del próximo miércoles obligará a las investigadas a entregar de forma efectiva sus pasaportes ordinarios en Plaza de Castilla. Además, deberán declarar bajo requerimiento legal si disponen de cualquier otra credencial diplomática o de una nacionalidad diferente a la española.

Cabe recordar que los cargos por los que se ha ordenado la apertura de juicio oral abarcan presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.

El proceso penal incluye de igual modo al empresario Juan Carlos Barrabés por supuestas prácticas de mediación irregular en el sector mercantil.

Origen del caso y estado actual de la causa

El procedimiento penal tiene su raíz en las denuncias presentadas por la presunta intervención de la esposa del presidente en contratos públicos adjudicados a corporaciones que apoyaban sus programas universitarios.

Lo que comenzó meses atrás como unas diligencias iniciales se ha transformado en un caso de alto impacto mediático. La firme respuesta de la Moncloa a la última providencia evidencia que el Gobierno ha optado por confrontar abiertamente el criterio del juez Peinado, a las puertas de que un jurado popular asuma el veredicto definitivo de la causa.

Con información de EFE