El Tribunal de Distrito de Oslo ha dictado una sentencia de cuatro años de prisión contra Marius Borg Høiby, hijo de la princesa heredera Mette-Marit de Noruega. El magistrado Jon Sverdrup Efjestad notificó el veredicto en una audiencia marcada por una alta expectación de los medios de comunicación, aunque sin la comparecencia presencial del acusado.
La justicia penal consideró probado que el joven cometió dos delitos de violación y uno de tráfico de estupefacientes, además de acreditarse conductas de abuso en el marco de sus relaciones íntimas. El fallo judicial también incorpora la obligación de abonar indemnizaciones económicas a tres de las seis mujeres denunciantes.
Inmediatamente después de publicarse el fallo general, el equipo jurídico del condenado, encabezado por el letrado Petar Sekulic, formalizó una petición ante la misma sede judicial para exigir su excarcelación inmediata.
La estrategia de la defensa busca que el hijo de la princesa cumpla la totalidad de la pena privativa de libertad bajo la modalidad de arresto domiciliario. Borg permanece bajo custodia institucional en la cárcel de alta seguridad de Ila, ubicada en el municipio de Bærum, tras haber pasado una etapa previa de prisión preventiva desde su arresto a principios de febrero.
Este movimiento procesal representa el cuarto intento por parte de la defensa para eludir el internamiento en un centro penitenciario ordinario. Durante las sesiones del juicio oral, los abogados intentaron obtener un régimen de semilibertad utilizando como argumento el delicado estado de salud de la princesa Mette-Marit.
Aunque una instancia inicial del Tribunal de Oslo autorizó la medida basándose en criterios familiares, el Tribunal de Apelación revocó el permiso de forma inmediata al determinar que existía un riesgo real y elevado de reincidencia delictiva por parte del procesado.
El plan de confinamiento residencial propuesto por los abogados apunta de manera directa a los terrenos de Skaugum, la finca oficial donde habitan los príncipes Haakon y Mette-Marit.
Según los portavoces legales, la vivienda reúne las condiciones técnicas exigidas por el Servicio Penitenciario de Noruega para la instalación de sistemas de monitorización mediante tobillera electrónica.
El éxito de esta alternativa jurídica requiere la conformidad explícita de todos los residentes permanentes del complejo, un requisito que los defensores aseguran tener cubierto.
Los escándalos judiciales vinculados a los miembros de las familias reales europeas suelen derivar en crisis de legitimidad que afectan la reputación de las jefaturas de Estado civiles.
A pesar de la gravedad de las tipificaciones penales recogidas en la resolución, la abogada defensora Ellen Holager Andenæs comunicó que su representado sostiene su postura de inocencia respecto a los cargos de agresión sexual.
La defensa ya planifica la interposición de un recurso de apelación formal. Paralelamente, la Casa Real de Noruega ha optado por mantener una postura de distanciamiento estricto.
Ante las consultas de la corporación de radiodifusión pública NRK, los portavoces del Palacio Real se limitaron a emitir una declaración de "sin comentarios", consolidando la posición de Borg como un miembro ajeno a las actividades oficiales de la corona.
Con información de Hola.com
