Un grupo de reclusos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en el oeste de Venezuela, se sublevó y tomó el control de las instalaciones penitenciarias.
Los internos exigen la destitución del ministro de Servicios Penitenciarios, Julio García Zerpa, y del director del centro, Elvis Macuare Guerrero. A ambos funcionarios se les señala como responsables de presuntos actos de violencia y de aplicar tratos degradantes contra la población reclusa de este centro penal.
La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó a través de sus canales oficiales que el conflicto se originó tras el reciente nombramiento de Macuare Guerrero.
Según las denuncias recolectadas por la entidad, desde su llegada se han ejecutado requisas violentas que resultaron en la destrucción de los bienes personales de los reos dentro de los calabozos, además de agresiones físicas corporales directas y supuestos actos de tortura.
La organización humanitaria detalló que un grupo superior a los 120 privados de libertad se encuentra recluido en condiciones de castigo dentro de celdas de aislamiento.
Asimismo, los internos reportaron que la dirección del penal efectuó disparos hacia las torres de control, una acción armada que, según las advertencias del observatorio, eleva el riesgo de generar pérdidas humanas graves en el recinto.
En un material audiovisual difundido por el organismo civil se constata que la protesta sumó a unas 112 mujeres y 1.200 hombres en una acción que definen como huelga pacífica.
No obstante, los testimonios indican que el cuerpo de custodia civil y la dirección del centro respondieron con el uso de armas de fuego, lo que causó múltiples heridas a varios de los reclusos.
Este tipo de protestas en los centros de reclusión del país caribeño suelen intensificarse por problemas estructurales de alimentación y retraso procesal.
Históricamente, las tensiones internas escalan rápidamente hacia huelgas de hambre o motines debido a la falta de canales de comunicación eficientes con las autoridades judiciales y la suspensión de los planes de redención de penas.
Familiares y allegados de los internos permanecen en las áreas exteriores del centro penitenciario bajo condiciones climáticas adversas y sin recibir información oficial sobre la situación médica de sus parientes.
“Nos tienen durmiendo en el suelo, nos quitó el deporte, el estudio y las redenciones... El fin de esto es que nos lo quiten. ¡No lo queremos!”, reclaman los internos.
El observatorio reportó la quema de colchonetas y la presencia de reos en las azoteas de las estructuras carcelarias como medida de presión para exigir que las autoridades respeten sus garantías fundamentales y detengan las suspensiones de los programas de estudio y deporte.
Con información de Demócrata
