El proceso de regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros en España ha arrancado con una respuesta masiva que desborda las previsiones iniciales. En apenas 24 horas desde la apertura del canal telemático, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha registrado un total de 13.500 solicitudes formales.
Esta cifra, que marca el inicio de una ventana administrativa crítica, refleja la urgencia de miles de personas por normalizar su situación documental en un procedimiento que, por el momento, solo permite la gestión a través de plataformas digitales certificadas.
La avalancha de peticiones se ha visto respaldada por una infraestructura técnica que, según el departamento que dirige Elma Saiz, ha funcionado con "total normalidad". El sistema Mercurio, plataforma habitual para expedientes de extranjería, ha canalizado la mayoría de estos registros mediante el uso de certificados digitales.
Es destacable que el grueso de la tramitación está siendo liderado por profesionales colegiados —abogados, gestores administrativos y graduados sociales—, aunque también se computan solicitudes individuales y el apoyo técnico de entidades sociales y sindicatos autorizados.
Más allá del ámbito virtual, la maquinaria administrativa se prepara para una fase presencial sin precedentes. Hasta este viernes, el Gobierno ha confirmado la formalización de 19.633 citas previas para aquellos interesados que prefieran o necesiten acudir a los puntos de atención física a partir del próximo lunes, 20 de abril.
Para evitar el colapso de las administraciones públicas, el Ejecutivo ha diversificado los centros de recepción, integrando a más de 370 oficinas de Correos y 60 sedes de la Seguridad Social en la red de tramitación.
Las condiciones para acceder a este permiso de residencia y trabajo son estrictas: los candidatos deben haber ingresado en territorio nacional antes del 1 de enero de 2026.
Asimismo, la medida ampara a solicitantes de asilo cuya petición fuera previa a dicha fecha, siempre que acrediten una estancia mínima de cinco meses en el momento de la solicitud y carezcan de antecedentes penales.
El objetivo final es integrar formalmente en el sistema laboral a cerca de 500.000 personas que actualmente se encuentran en los márgenes de la economía sumergida.
En el actual ecosistema demográfico, la regularización se presenta no solo como un imperativo ético, sino como una necesidad económica para sostener el sistema de pensiones ante el envejecimiento poblacional y la demanda de mano de obra en sectores clave.
Para garantizar la eficiencia, el Ministerio ha establecido horarios especiales que permitirán compatibilizar este proceso con la actividad ordinaria de las oficinas. Las grandes urbes como Madrid, Valencia, Alicante, Almería y Murcia contarán con cinco oficinas de extranjería reforzadas para este fin.
La ventanilla para el registro de solicitudes permanecerá abierta hasta el próximo 30 de junio, y el compromiso del Ejecutivo es emitir una resolución definitiva en un plazo máximo de tres meses, garantizando así una respuesta ágil a una demanda histórica del colectivo migrante.
Con información de La Vanguardia
