La causa judicial contra el exdirigente de Sumar, Íñigo Errejón, ha dado un giro dramático este martes en los Juzgados de Plaza de Castilla. La actriz Elisa Mouliaá, quien la semana pasada amagó con retirarse del procedimiento, ha comparecido ante los medios para ratificar su firme intención de continuar ejerciendo la acusación particular por una presunta agresión sexual.
Tras una jornada de "reflexión" profunda, la intérprete ha decidido dar marcha atrás en su renuncia, motivada por lo que califica como un "sistema de descrédito" y la reciente postura de la Fiscalía, que ha solicitado la absolución del político.
Mouliaá ha justificado su cambio de parecer tras una noche de introspección, calificando de "deleznable" la posición del Ministerio Público.
Aunque el escrito del fiscal solicitando el sobreseimiento tiene fecha de enero, la actriz ha expresado su indignación ante la falta de reconocimiento del daño sufrido.
"Él no ha presentado una sola prueba de que hubo consentimiento, mientras que yo llevo meses aportando mensajes cotejados y peritajes psicológicos que confirman el estrés postraumático que me ha provocado", ha denunciado con contundencia a las puertas del juzgado.
La estrategia de la defensa de Errejón, liderada por la abogada Eva Gimbernat, se centraba hasta ahora en la supuesta validez jurídica de la renuncia previa de la actriz, argumentando "economía procesal" para evitar la comparecencia del acusado.
Sin embargo, el juez Adolfo Carretero ha decidido suspender la citación prevista para que el exdiputado recogiera la notificación de apertura de juicio oral, a la espera de que se aclare definitivamente el escenario procesal.
Para Mouliaá, este proceso se ha convertido en una lucha que trasciende lo personal, asegurando que su testimonio no contiene "ni una sola coma inventada".
El caso Errejón estalló el pasado año tras una serie de denuncias anónimas en redes sociales que precipitaron su dimisión inmediata de la política activa.
Mouliaá fue la primera mujer en denunciar con nombres y apellidos ante la Policía Nacional, una decisión que, según explica, tomó para validar las experiencias de otras víctimas y evitar que las acusaciones fueran tachadas de espurias. Su paso al frente marcó un punto de inflexión en la política española, reabriendo el debate sobre el abuso de poder y el consentimiento en entornos de confianza.
La dificultad de probar la ausencia de consentimiento en ámbitos privados sigue siendo uno de los mayores retos del sistema judicial español, donde el testimonio de la víctima suele ser la prueba de cargo principal.
Ante la sensación de soledad institucional, la actriz ha hecho un llamamiento a otras posibles víctimas para que testimonien, incluso de forma anónima, con el fin de reforzar la causa.
"Me dan ganas de tirar la toalla e irme del país", ha confesado visiblemente afectada, aunque ha subrayado que su compromiso con la verdad la llevará hasta el final del procedimiento.
Mientras la defensa de Errejón insiste en que el caso debe archivarse por la "voluntad libre" inicial de la denunciante de apartarse, el proceso camina irremediablemente hacia una vista oral que marcará un antes y un después en la crónica judicial del país.
Con información de 20minutos
