Julio Iglesias se defiende: "Es necesario desenmascarar estas falsedades y contar la verdad"

El escenario judicial de Julio Iglesias ha dado un vuelco mediático tras el silencio de las instituciones. Ante la imposibilidad de acceder formalmente al expediente que instruye la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el artista ha decidido romper su mutismo a través de una vía poco ortodoxa para una figura de su relevancia: sus redes sociales.

El cantante ha difundido una serie de conversaciones de WhatsApp con las dos exempleadas que le acusan de delitos contra la libertad sexual, buscando desacreditar el testimonio de las denunciantes mediante lo que él califica como una "absoluta falsedad de los hechos" basada en la evidencia de las comunicaciones privadas.

Este movimiento de defensa pública surge como respuesta directa a la negativa de la justicia española de permitir su personación en las diligencias actuales. Según ha manifestado Iglesias, esta filtración es el único recurso legítimo que le queda para confrontar la denuncia de una fisioterapeuta y una empleada del hogar.

Las capturas de pantalla publicadas muestran un tono de extrema gratitud y afecto por parte de ambas trabajadoras, cuyas comunicaciones se extendieron supuestamente desde abril de 2021 hasta principios de 2023, período que incluye meses posteriores a la finalización de su relación laboral en las mansiones del intérprete.

En los mensajes revelados, se observan expresiones de cariño constantes hacia el artista, a quien se dirigen bajo el apelativo de "profesor".

Una de las denunciantes, identificada como S. A., llega a afirmar en septiembre de 2022: "Todos los días a tu lado son valiosos para mí porque aprendo un poco más".

El ocaso de Julio Iglesias: demandas por despido y graves acusaciones laborales

La defensa de Iglesias sostiene que este registro de cordialidad e ininterrumpida cercanía resulta incompatible con el relato de vejaciones y agresiones sexuales sistemáticas que las mujeres presentaron ante la Fiscalía el pasado 5 de enero.

Por su parte, la segunda denunciante, M. A. F., también aparece en las capturas enviando saludos afectuosos y reiterando su disposición al servicio del cantante incluso después de cesar su actividad.

Iglesias recalca que la "incoherencia de las denuncias" queda al descubierto al contrastar el contenido de los chats con la gravedad de los delitos imputados. El artista insiste en que todo tiene un límite y que su objetivo es desenmascarar una presunta manipulación mediática que utiliza la desinformación como arma de ataque personal para dañar su prestigio internacional.

Este tipo de estrategias de defensa en redes sociales, cada vez más comunes en figuras de alto perfil, plantean un dilema ético y procesal.

Al exponer comunicaciones privadas antes de que un juez las valore, el investigado intenta ganar la batalla de la opinión pública, aunque legalmente estos volcados de datos deban ser certificados mediante peritajes informáticos para garantizar que no han sido alterados o descontextualizados durante la filtración.

En este contexto de "indefensión legal", el prestigioso abogado José Antonio Choclán, jefe del equipo legal de Iglesias, ha advertido que el caso podría escalar hasta el Tribunal Constitucional.

Choclán denuncia que se están vulnerando derechos fundamentales al impedir que el artista conozca los detalles exactos de la acusación. No obstante, la teniente fiscal Marta Durántez sostiene que, al estar en una fase de evaluación sobre la competencia de la Audiencia por hechos ocurridos en el extranjero, no procede aún el acceso a las diligencias. La batalla se libra ahora en dos frentes: el hermético despacho judicial y el volátil escaparate digital.

Con información de El Mundo