La Fiscalía descarta indicios de malversación en el caso Begoña Gómez

La Fiscalía ha desestimado que las actividades académicas desarrolladas por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, tanto en la cátedra que codirigió como en diversos programas de máster, constituyeran un negocio, y ha expresado dudas sobre el rumbo de una investigación que, según afirma, acumula «imputaciones y delitos».

El fiscal se ha sumado al recurso interpuesto por el abogado defensor de Gómez ante la Audiencia Provincial, en el que se impugna su imputación por presunta malversación relacionada con la contratación de su asesora en el Palacio de la Moncloa, Cristina Álvarez.

El recurso cuestiona si dicha asesora, financiada con fondos públicos, habría desempeñado funciones vinculadas a la cátedra que dirigía Begoña Gómez en la citada universidad.

En línea con el posicionamiento adoptado previamente respecto al recurso presentado por Cristina Álvarez, la Fiscalía reitera que no existen indicios de malversación.

Además, subraya que, en caso de considerarse delictiva la designación, algo que rechaza categóricamente, no se comprende por qué limitar la investigación al año 2018 y no extenderla a otras etapas aún no prescritas.

El fiscal sostiene que «nada apunta» a que Álvarez ejerciera un cargo ficticio ni percibiera retribuciones públicas sin desempeñar funciones reales.

Asimismo, afirma que no se ha detectado ningún tipo de impacto económico para «las arcas públicas» derivado de un posible exceso en sus atribuciones o actuaciones dentro del marco laboral de Begoña Gómez.

Begoña Gómez no comparece ante el juez por presunta malversación

Aunque sabe que excede su recurso, explica que Begoña Gómez cobró en diez años -de 2012 a 2022- 34.314 euros en la Universidad Complutense, de los que 9.131 euros fueron anteriores a que Sánchez fuese presidente y, en concreto, la cátedra le reportó «0 euros».

«No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado, ni que la actividad en la UCM pueda calificarse como negocios particulares», indica el fiscal, que hace hincapié en que no hay «noticia de pagos sospechosos» pese a la investigación patrimonial realizada.

También rechaza indicios de esta presunta malversación respecto al delegado del Gobierno de Madrid, Francisco Martín, cuya imputación considera que se debió alzar de oficio cuando el Tribunal Supremo no vio ningún indicio contra el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

«Más allá de sumar imputaciones y delitos», el fiscal dice seguir a la espera de que el juez Juan Carlos Peinado indique «dónde ha quedado el delito de corrupción en los negocios», que forma parte de la causa principal y del que resalta su «improcedencia e imposible subsunción».

«Y toda la temática de la supuesta apropiación del software instruida en la pieza principal se ha desvanecido. No se ha apropiado de ningún software. Ni existía ningún ánimo de lucro» -dice-, puesto que las creaciones en el marco de la cátedra eran titularidad de la Universidad.

Niega también indicios de intrusismo profesional en relación a la redacción de un pliego de condiciones técnicas, y explica que documentos en la causa constatan que debía firmarlo un responsable de la cátedra, de modo que «ni parece un caso de índole penal» ni existe «elemento doloso por ningún lado, pareciendo a lo sumo una irregularidad administrativa».

Con información de EFE