Los países de la Unión Europea (UE) han vuelto a aplazar la votación sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego ante la falta de unanimidad que se requiere para aprobar la petición de España.
Esta ha sido la séptima vez que los Veintisiete abordaron el asunto, en una conversación de unos 45 minutos donde más de la mitad de los países intervinieron, generando momentos de tensión, sobre todo durante la intervención de Alemania, según fuentes diplomáticas.
La ministra danesa de Asuntos Europeos, Marie Bjerre, quien ostenta la presidencia rotatoria de la UE este semestre, declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro que «se trata de un asunto delicado y simbólico» que seguirá tratando con «un diálogo cercano y respetuoso con los Estados miembros».
El ministro de Exteriores de Luxemburgo y ex primer ministro, Xavier Bettel, expresó a su llegada al encuentro que, si bien entiende «completamente que para los españoles y el multilingüismo, las tradiciones son muy importantes», considera que «realmente, no es el momento adecuado» para aprobar la oficialidad de las lenguas.
«Hemos necesitado días para acordar las sanciones (a Rusia), todavía no somos capaces de tener decisiones sobre Israel y tener un alto el fuego en Palestina, ¿pero aprobamos el gallego, el euskera y el catalán?», preguntó retóricamente Bettel.
«Si al final del día la gente se pregunta hacia dónde va Europa, esta es la cuestión», continuó.
Por su parte, la ministra austriaca para Europa, Claudia Plakolm, aseguró que «mientras no haya una propuesta sobre la mesa con la que se aclaren las cuestiones jurídicas y financieras, no se puede dar ningún consentimiento» a la propuesta española.
También Francia, Polonia y Finlandia apuntaron que España no ha resuelto aún sus dudas, principalmente jurídicas.
Sin embargo, el secretario de Estado español de la Unión Europea, Fernando Sampedro, consideró que España «ha abordado todas las dudas» políticas, económicas y jurídicas y pidió a sus socios europeos «no secuestrar o retrasar» la decisión sobre la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
«Los Tratados son muy claros, los Tratados dicen que la identidad nacional de los Estados miembros, en este caso la identidad nacional plurilingüe, nuestro sistema constitucional debe ser respetado», por lo que no hace falta cambiarlos, como sí creen, en cambio, los servicios jurídicos del Consejo de la UE.
Estos entienden que habría que modificarlos porque el artículo 55.1 del Tratado de la UE menciona las 24 lenguas en las que está redactado y entre las que solo recoge el castellano.
En cambio España alega que la base legal con la que se ha modificado el reglamento que regula los idiomas oficiales de la UE es el artículo 342.
Por tanto, Sampedro dijo que «veinte millones de europeos no pueden ser discriminados porque las lenguas que son oficiales en los territorios españoles en los que residen no se traten exactamente igual que las lenguas que son oficiales en otros países» e insistió en que España está dispuesta a asumir el coste de la propuesta.
La Comisión Europea ha estimado que la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego podría costar 132 millones de euros, pero se trata de una evaluación preliminar en base a los costes que existen con la traducción y la interpretación del gaélico.
En el informe que publicó en 2023, Bruselas apuntó que para saber el coste definitivo hay que saber el personal que hay que contratar, así como cuáles son las herramientas de inteligencia artificial que pueden ayudar a las labores de traducción y el posible periodo de transición que se pactaría antes de la entrada en vigor de la oficialidad de las lenguas.
Un punto este último que ya ha aclarado España, pues ha propuesto una implementación progresiva a partir de 2027.
Durante su intervención en la reunión, Sampedro incidió de nuevo en que la oficialidad del euskera, el gallego y el catalán no crearía ningún precedente para otros idiomas cooficiales, como temen los países nórdicos y del este.
Con información de EFE
