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El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, concedió el pasado domingo una larga entrevista en la que por primera vez dio más detalles de lo que serán sus políticas migratorias durante su segundo mandato.
Entre las cosas que dijo durante la extensa conversación con Kristen Welker, de la cadena NBC, Trump reiteró que buscará poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La ciudadanía por nacimiento –conocida también por su nombre en latín, jus soli– es un derecho consagrado en la 14ª Enmienda de la Constitución de Estados Unidos por el que se concede automáticamente la ciudadanía a cualquiera nacido en el país, incluso si sus padres no son ciudadanos.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”, indica el texto constitucional.
La ciudadanía por nacimiento se diferencia del jus sanguinis —o por “derecho de sangre”—, que otorga la ciudadanía en función de la ciudadanía de uno o más padres.
En los sistemas de derecho civil, como son los de la mayoría de naciones europeas, el principio dominante es el de jus sanguinis, el “derecho de sangre”. Sin embargo, muchos países también adoptan una combinación de jus soli y jus sanguinis, garantizando la ciudadanía a niños nacidos en el país y a aquellos nacidos de padres que son ciudadanos, pero viven en el extranjero.
Durante la entrevista del domingo, hablando sobre este tema, Trump afirmó que Estados Unidos es “el único país que lo tiene”, en referencia a la ciudadanía por nacimiento. Sin embargo, esto no es cierto.
CNN y varios otros medios ya han desmentido la afirmación cuando Trump la hizo durante su campaña presidencial en 2015 y durante su primera presidencia en 2018.
Lo cierto es que alrededor de tres decenas de países otorgan ciudadanía automática a personas nacidas en su territorio, incluidos los vecinos de Estados Unidos, Canadá y México, y la mayoría de los países de América del Sur.
Ningún presidente tiene la potestad para modificar por decreto un derecho consagrado en la Constitución.
Para eso se requiere una reforma constitucional, que es un proceso cuyos tiempos y mecanismos son más complejos, incluso en la situación del presidente electo, con mayoría en ambas cámaras, indicó en un análisis para CNN Óscar Chacón.
De hecho, una enmienda constitucional requiere, de acuerdo con su artículo V, contar con el respaldo de dos tercios de la Cámara de Representantes y del Senado o ser propuesta por una Convención Constitucional convocada por dos tercios de la legislatura estatal.
“Honesta y legalmente es algo sumamente difícil de hacer; casi imposible (…) porque tiene que hacer cambios legales realmente difíciles, sino imposibles”, dijo por su parte a CNN Elizabeth Uribe, abogada de inmigración en Uribe & Uribe APLC.
Con información de CNN
