El inicio del reinado de Haakon VIII y la reina Mette-Marit en Noruega ha quedado marcado por la controversia pública tras anunciarse que la asignación económica total destinada a la Jefatura del Estado se situará en más de 1,25 millones de euros.
La presentación de las cuentas generales formuladas por el Ejecutivo nórdico, tras el fallecimiento del rey Harald V, formaliza la actualización del salario de la pareja real para adaptarse a su nueva condición de monarcas titulares.
Según reportó la revista
La fijación salarial establece la retribución de los soberanos en torno a los 13,5 millones de coronas noruegas para el próximo ejercicio. Dicha cifra representa la suma total requerida ante los cambios en la titularidad de la Corona, pues hasta el momento ambos percibían las cuantías correspondientes a sus funciones como herederos al trono.
Sin embargo, el momento en que se efectúa esta transición de estatus ha intensificado la fiscalización ciudadana sobre los recursos presupuestarios asignados a las instituciones estatales de la nación.
La reacción de la sociedad nórdica ante el gasto de la Casa Real se refleja en una encuesta sociológica divulgada por el periódico noruego Nettavisen, elaborada sobre una muestra representativa de 2.503 ciudadanos.
El estudio revela que casi un 39,1% de los encuestados considera que la suma asignada a la institución monárquica es elevada dividiéndose entre un 19,6% que la juzga "demasiado alta" y un 19,5% que la califica de "algo alta".
En contraposición, un 37,9% de la muestra respalda la cifra por estimarla ajustada a las responsabilidades institucionales, mientras que sólo un 8,1% se muestra favorable a dotar a la jefatura de un presupuesto mayor.
Especialistas en la fiscalización de las finanzas públicas noruegas argumentan que parte del escepticismo ciudadano responde al desconocimiento sobre la naturaleza del fondo presupuestario, el cual está destinado a cubrir los gastos operativos, de representación y de personal que exige el ejercicio de las funciones del Estado.
Por esta razón, un segmento de la población sin posturas marcadas tiende a calificar la asignación como adecuada al tratarse de partidas operativas complejas.
La discusión en torno a la asignación presupuestaria coincide con un contexto complejo para la Casa Real, caracterizado por el proceso legal que atraviesa Marius Borg, hijo de la reina Mette-Marit, quien permanece bajo custodia tras ser condenado a cuatro años de prisión.
La estrategia de su defensa legal se enfoca actualmente en gestionar su inserción en el mercado laboral como vía para solicitar beneficios penitenciarios y lograr su eventual liberación. En este escenario, la institución busca afianzar sus bases ante la opinión pública, representada en sus compromisos oficiales por el monarca Haakon VIII y la princesa heredera Ingrid Alexandra.
Con información de Hola
