La magistrada del Juzgado de Instrucción de Catarroja encargada de dirigir la causa penal sobre la gestión de la dana ha actualizado el cómputo oficial de fallecidos causados por el temporal de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, situando la cifra total en 232 víctimas mortales.
La resolución judicial incorpora un nuevo deceso a las diligencias previas tras constatar el informe de los servicios forenses, el cual establece un vínculo directo de causalidad entre las graves inundaciones registradas en la comarca y la descompensación médica que provocó la muerte de una residente de la localidad de Guadassuar.
El auto, que ya ha sido notificado a las partes personadas en el procedimiento instruido en la Comunitat Valenciana, modifica el balance oficial que se mantenía inalterado en las instituciones públicas desde los meses posteriores a la riada.
Los hechos reflejados en las actuaciones judiciales se remontan a las jornadas de la riada, cuando la víctima, una mujer que padecía insuficiencia respiratoria de carácter crónico, se vio privada de la ventilación mecánica y del suministro de oxígeno prescriptivo debido al anegamiento de su vivienda y al posterior corte en la red de fluido eléctrico.
Tras ser auxiliada por los efectivos de bomberos y vecinos de la zona el 30 de octubre de 2024, la afectada fue trasladada a un centro asistencial y posteriormente evacuada al Hospital de La Ribera, en el municipio de Alzira, donde se produjo su fallecimiento días más tarde.
El dictamen elaborado por los peritos médicos concluye que la interrupción brusca de la terapia respiratoria motivada por el fenómeno meteorológico actuó como el desencadenante directo de la crisis aguda que determinó su hospitalización y posterior óbito.
La magistrada titular de la causa ha determinado que la interrupción del tratamiento médico conyeva de manera ineludible la inclusión de esta persona en el catálogo de damnificados directos objeto de la investigación penal.
De este modo, la instrucción busca determinar las posibles responsabilidades operativas y de gestión asociadas a los daños personales derivados del episodio extremo.
Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la resolución notificada no ostenta carácter firme, por lo que las representaciones procesales disponen de los plazos legales ordinarios para interponer los correspondientes recursos de reforma o de apelación ante los órganos judiciales superiores.
Con información de 20minutos
