El debate sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones suma un nuevo elemento de análisis. Según los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, liderado por la ministra Elma Saiz, un total de 1.987.451 personas perciben una pensión contributiva superior a los 2.000 euros mensuales.
Esta cifra supone un crecimiento del 15% respecto al mismo período del año anterior, cuando se contabilizaban 1.721.700 beneficiarios en este tramo, y consolida una tendencia ascendente que ha llevado a este colectivo a representar el 23% del total de perceptores.
El incremento del peso de las pensiones más elevadas responde a una doble dinámica: por un lado, las nuevas incorporaciones al sistema se realizan con bases de cotización más altas —con una pensión media de entrada de 1.396,55 euros, frente a los 1.197,66 euros de las bajas— y, por otro, a la revalorización anual ligada al Índice de Precios de Consumo (IPC).
Esta vinculación por ley, aprobada durante la gestión de José Luis Escrivá, garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo en un contexto inflacionario.
A pesar del avance de los tramos altos, la distribución de los ingresos en el sistema refleja marcadas disparidades. La pensión media de jubilación se situó en 1.596 euros mensuales, encabezando los importes frente a prestaciones como las de orfandad, con un promedio de 552,09 euros.
Por regímenes, la pensión media de los asalariados por cuenta ajena se sitúa en 1.200 euros, mientras que los cotizantes del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) ingresan 754,56 euros al mes debido a sus históricas menores aportaciones.
A nivel territorial, País Vasco registra la pensión media de jubilación más alta de España con 1.908,18 euros al mes, seguida de Asturias con 1.838 euros, mientras que Extremadura se ubica en el extremo opuesto con 1.344 euros.
Desde la perspectiva presupuestaria, las evaluaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) advierten que la revalorización de las nóminas de quienes ya forman parte del sistema absorberá 2,8 puntos del crecimiento total del 5,9% en el gasto destinado a las prestaciones públicas.
En el extremo opuesto, la estadística oficial muestra una acusada concentración en los tramos de menores ingresos. Más de cuatro millones y medio de beneficiarios —el 48% del total de perceptores contributivos— perciben cuantías inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 1.221 euros mensuales.
El rápido incremento del salario base en los últimos ejercicios ha ampliado la brecha con respecto al ritmo de actualización de las pensiones más bajas.
Esta situación afecta de manera desproporcionada a la población femenina. Casi el 60% de las mujeres que cobran una pensión contributiva no alcanzan el umbral del SMI, un porcentaje que se eleva por encima del 70% en comunidades como Castilla-La Mancha.
En contrapartida, las mujeres continúan siendo minoría en todos los tramos de ingresos que superan los 2.000 euros mensuales, evidenciando la brecha de género acumulada a lo largo de la vida laboral.
Con información de El Economista
