Julio Iglesias exige €50.000 a Yolanda Díaz tras demandarla ante el Supremo

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda formal ante la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, solicitando una rectificación por considerar que incurrió en una intromisión ilegítima en su derecho al honor.

De manera paralela, la representación legal del artista interpuso una querella contra el medio digital El Diario.es por la presunta comisión de delitos de calumnias e injurias con publicidad, sumado a una acusación formal por un delito contra la integridad moral.

Ambos procedimientos judiciales iniciaron su curso tras confirmarse el fracaso definitivo de los actos de conciliación previos, instancias en las cuales los demandados rechazaron de forma tajante retractarse de sus afirmaciones.

Las exigencias legales y la indemnización económica

En el texto de la demanda interpuesta contra la vicepresidenta, la defensa letrada de Julio Iglesias solicita que la ministra de Trabajo "se retracte públicamente" de las declaraciones emitidas tanto en la red social Bluesky como en una entrevista concedida a la cadena TVE.

En dichas intervenciones públicas, Díaz tildó de "escalofriantes" los testimonios de las mujeres que acusaban al intérprete musical de presuntos abusos sexuales.

El escrito judicial pide expresamente que la representante política reconozca que sus manifestaciones constituyen una intromisión ilegítima al honor de la personalidad demandante y que asuma el compromiso formal de abstenerse de repetir comentarios parecidos en cualquier red social, plataforma digital o medio de comunicación análogo.

¿Por qué fracasó la denuncia contra Julio Iglesias? Las claves del archivo judicial

Además de exigir la retratación pública, la defensa del demandante reclama que Yolanda Díaz abone la suma de 50.000 euros en concepto de indemnización por daño moral, cifra económica a la que se deberán añadir los intereses legales que correspondan y el pago total de las costas derivadas del procedimiento.

Los abogados argumentan que la alta funcionaria le atribuyó de forma directa al cantante la condición de abusador sexual, afirmando públicamente que mantenía a sus empleadas domésticas bajo un régimen de esclavitud y mediante una estructura cimentada en la agresión permanente.

El origen del conflicto y el archivo de las investigaciones

El conflicto de carácter judicial surge a raíz de una publicación realizada por la ministra el pasado 13 de enero en la red social Bluesky, donde se hizo eco de los relatos de las excolaboradoras del artista.

Al día siguiente, el 14 de enero, durante su participación televisiva en el espacio La Hora de la 1, la vicepresidenta segunda reiteró sus severas críticas señalando que la investigación periodística mostraba una "situación de terror y pánico" con vulneraciones de derechos humanos hacia trabajadoras en posición de inferioridad extrema.

Posteriormente a los requerimientos formales de rectificación enviados por el artista, Díaz reaccionó manifestando que las mujeres ya no se callan con o sin denuncias en los juzgados.

Cabe recordar que este caso cobró relevancia mediática tras una investigación publicada de forma exclusiva por El Diario.es y la cadena Univisión, en la que varias trabajadoras denunciaron supuestos tocamientos, vejaciones, controles severos y la obligación de realizarse exámenes de infecciones de transmisión sexual.

Por su parte, Julio Iglesias rechazó tajantemente todas las acusaciones desde el principio, y la Fiscalía de la Audiencia Nacional terminó ordenando el archivo definitivo de las diligencias tras analizar el expediente.

Con información de La Sexta