La Comisión Europea ha impuesto una sanción financiera de 200 millones de euros a la plataforma de comercio electrónico de origen chino Temu. El motivo de la penalización es la falta de rigor al identificar, analizar y medir los riesgos sistémicos que su actividad comercial representa para los usuarios dentro del mercado comunitario.
Esta resolución convierte a la sanción en la cuantía económica más elevada aplicada hasta el momento por las autoridades de Bruselas a una empresa tecnológica en el marco de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA).
El Ejecutivo europeo ha centrado el origen de la infracción en las auditorías de gestión del año 2024. Los reguladores determinaron que el informe obligatorio de evaluación de riesgos anual entregado por la compañía no cumplía con los estándares exigidos.
Según las conclusiones de Bruselas, el documento omitió las particularidades operativas de la propia empresa y sus herramientas de recomendación automatizada, unos algoritmos que las autoridades comunitarias consideran que pueden potenciar de forma directa el acceso de los clientes a mercancías prohibidas o peligrosas.
Tras la notificación de la resolución, la corporación de venta en línea dispone de un período de tres meses para abonar el importe total de la penalización, sin perjuicio de su derecho a interponer un recurso ante los tribunales de justicia del continente.
De forma paralela, la Comisión Europea ha establecido la obligación de que la firma presente un plan de reestructuración corregido que resuelva las deficiencias organizativas señaladas antes del 28 de agosto de 2026.
La resolución sancionadora se fundamenta en las conclusiones de una inspección técnica externa efectuada sin previo aviso en las bases de datos y ofertas de la plataforma. El análisis pericial demostró fallos críticos en la cadena de distribución.
Por ejemplo, una cantidad considerable de los dispositivos de carga eléctrica analizados presentaban problemas técnicos con peligro real de causar quemaduras. Asimismo, múltiples juguetes para niños no superaron las pruebas legales de seguridad debido a la presencia de componentes químicos prohibidos o piezas pequeñas susceptibles de provocar asfixia.
La Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea entró en vigor con el objetivo de regular el espacio digital y obligar a las grandes corporaciones a asumir la responsabilidad directa sobre los contenidos y bienes que alojan, penalizando severamente la falta de transparencia regulatoria.
Fuentes del organismo europeo matizaron que la cantidad económica demandada se encuentra lejos del límite máximo contemplado en el reglamento comunitario, el cual permite castigos de hasta el 6% de los ingresos anuales globales de una marca.
No obstante, consideran la cifra justa dado que la Comisión Europea mantiene abiertas otras dos líneas de investigación activa sobre la empresa relativas a sus algoritmos informáticos.
Por el contrario, portavoces oficiales de Temu manifestaron su total desacuerdo con la resolución comunitaria al calificar la cuantía de desproporcionada, confirmando que estudian las vías judiciales disponibles en Europa para oponerse al fallo.
Con información de EFE
