El Consejo de Ministros ha aprobado este martes a la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que suma un total de 27.232 plazas destinadas a la Administración General del Estado. En un giro estratégico hacia la modernización tecnológica, el Ejecutivo ha decidido centrar el reclutamiento en especialistas en datos y ciberseguridad.
A pesar del volumen de vacantes, la propuesta llega a las salas de examen con el rechazo previo de los principales sindicatos, quienes denuncian la falta de transparencia en la negociación de las cifras finales.
La Administración General del Estado (AGE) se prepara para una transformación estructural sin precedentes. El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha presentado una convocatoria que, si bien mantiene el volumen cuantitativo del ejercicio anterior, cambia radicalmente su enfoque cualitativo.
Con 26.886 plazas ordinarias y un refuerzo extraordinario para la emergencia climática, el objetivo central es integrar la inteligencia artificial (IA) en el núcleo de la gestión pública, buscando que uno de cada cuatro procedimientos administrativos pase a ser íntegramente digital en los próximos años.
La gran novedad de esta convocatoria es el incremento del 42% en las plazas destinadas a especialistas en tecnologías de la información. El Gobierno ha habilitado 1.700 vacantes específicas para el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías, con exámenes que por primera vez se segmentarán por especialidades como ciberseguridad y análisis de datos masivos.
Esta apuesta se complementará con la creación de una "alianza por el talento STEM" (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), diseñada para garantizar que los perfiles científicos y de ingeniería encuentren en el sector público una carrera competitiva frente a la oferta de las grandes tecnológicas privadas.
Si se añaden las plazas correspondientes a la Policía Nacional, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, el número total de vacantes para 2026 asciende a 37.017 puestos. López ha defendido que esta política de contrataciones, sostenida desde 2021, ha permitido generar empleo neto —estimando 6.200 nuevos puestos reales para este año— y reducir la edad media del funcionariado en dos años, situándola actualmente en los 49 años.
Por primera vez, el incremento del 30% en áreas estratégicas no ha dependido de la tasa de reposición, priorizando la resiliencia climática y la seguridad digital.
Más allá de las nuevas incorporaciones, el plan gubernamental prevé una actualización masiva del personal actual. Todos los cursos selectivos de la AGE incluirán ahora módulos obligatorios de inteligencia artificial y gestión de datos.
El ministro ha subrayado que la digitalización no busca sustituir la labor humana, sino potenciarla, asegurando que la administración sea capaz de dar respuestas más ágiles ante crisis burocráticas o climáticas. La intención es clara: transformar el empleo público para que deje de ser percibido como una estructura analógica y rígida.
A pesar del optimismo gubernamental, la OEP 2026 nace en un clima de tensión laboral. El anuncio se produce tras el rechazo frontal de los sindicatos CCOO y UGT, quienes han criticado que el Gobierno presentara las líneas maestras de la oferta sin haber facilitado previamente el desglose detallado de las plazas.
Por su parte, CSIF ha condicionado su valoración final a un análisis pormenorizado de las vacantes por departamentos. Esta falta de consenso sindical plantea un reto para la ejecución de los procesos de selección, en un momento en que el Estado compite agresivamente por el talento cualificado
Con información de EFE
